En esta Unidad se abordará todo lo referente a los modelos de competencias intergubernamentales que inciden sobre las políticas de gestión del gobierno. Para ello se debe cumplir con los siguientes objetivos específicos:
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5.1.- Definir las Relaciones Intergubernamentales y gobierno local. 5.2.-
Conocer las instancias de decisión en Venezuela. 5.3.- Comprender aspectos generales de los poderes públicos.
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Relaciones Intergubernamentales Y Gobierno Local
Las RIG (relaciones intergubernamentales) [Grimaldo Lorente, J., et. al, Pág.39] forman parte de uno de los tres ejes fundamentales para el funcionamiento exitoso de un sistema federal de gobierno, lógicamente esto no excluye aquello gobiernos unitario que usen está valiosa herramienta para administrar las políticas públicas, que la sociedad ha dejado en manos del sector público; acciones reciprocas de intercambio de información, diagnóstico de necesidades, planificación y diseño conjunto de políticas públicas y, finalmente, ejecución de las mismas. Además existen relaciones en distintas dimensiones, en primer lugar, [Mendez, J., Pág.9] hace referencia que se establecen entre distintas u órdenes territoriales de gobierno (instancia nacional vrs subnacional). La segunda dimensión se refiere a que las relaciones no solo se dan entre órdenes distintos de gobierno sino también entre entidades gubernamentales al mismo nivel territorial (estado vrs estado). Es importante subrayar que RIG [Grimaldo Lorente, J., et. al, Pág. 43] constituye mecanismos democráticos que contrarrestan tendencias de centralización de poder. El éxito de la acción de un nivel de gobierno favorece a gobernabilidad, el rendimiento, la legitimidad y la eficacia de las políticas públicas. El entender las RIG, [Mendez, J., Pág. 11] nos puede servir para entender mejor nuestras propias realidades, tanto en el nivel formal como real.
Debido a la complejidad de los distinto niveles de actores en las RIG, surge un concepto
de la gestión intergubernamental [Grimaldo Lorente, J., et. al, Pág. 47] se traduce en la ejecución cotidiana de las interacciones y su enfoque es en la necesidad de solucionar problemas haciendo énfasis en los contactos y redes de comunicación. Algunos de los parámetros que puede facilitar la gestión son [Grimaldo Lorente, J., et. al. Pág.48]: planificación en cada organización, en el sentido de determinar su norte, identificando mandatos, objetivos y misión, una evaluación del entorno y de la propia organización; establecimiento de pautas de contacto entre funcionario de niveles de gobierno distintos, y así determinar lo que un nivel de gobierno debe o quiere hacer; conocimiento y claridad de las posibilidades de financiación y capacitación de los niveles subnacionales.Características
Robert Agranoff señala lo siguiente sobre las características de las RIG: Trascienden las pautas de actuación gubernamental; importancia del elemento humano; las relaciones entre empleados públicos suponen un contacto continuo e intercambio de información; cualquier empleado público es al menos potencialmente, un participante en los procesos intergubernamentales de adopción de decisiones; su vinculación a las políticas públicas (Merino, 1992: 182).
De tales características se visualiza la dimensión política, social, institucional, jurídica e interpersonal de las RIG y por ende la necesidad prioritaria de reactivarlas en el manejo de los asuntos públicos, pues se presume que indudablemente los beneficios institucionales, sociales, políticos y económicos serán mayores, siempre y cuando se lleven a cabo en un mutuo compromiso individual y colectivo, con satisfacciones a los interesados que están participando, buscando ser lo más justos en términos de la distribución de tareas y el mejor resultado para todos.
Dado que una característica fundamental de las RIG es su capacidad de intercambio,
es necesario agregar otros elementos que permiten caracterizar más ampliamente las RIG
como lo son: el encadenamiento o sucesión de una serie de mecanismos jurídicos, las
relaciones interpersonales de los funcionarios participantes y su relación con “voluntades
políticas”, los sistemas de convenios y los diversos mecanismos de comunicación y
evaluación o fiscalización entre unidades.De esta manera, las Relaciones Intergubernamentales (RIG) pueden ser explicadas como un tipo de respuesta cada vez más diversificada y compleja a la relación existente entre sociedad y gobierno, en el supuesto que es el aparato gubernamental quien a través de la gestión administrativa, financiera y judicial, procura por el bienestar general de la población, es decir, surgen las RIG a partir de las nuevas experiencias y modelos de gobernabilidad y la gestión pública con participación de la ciudadanía. De ahí que una de sus características principales es la de ser al mismo tiempo, una relación política, administrativa e interinstitucional, fruto de la misma interacción entre las unidades gubernamentales en la realización de obras de infraestructura, prestación de servicios públicos o por la necesidad de ejecutar una política pública o en procesos de atención integral y estratégica
Las RIG incluyen a la vez a ciudadanos y a funcionarios públicos, así como a entidades gubernamentales de todos los tamaños, tipos y ubicaciones, las cuales se encuentran por doquier en nuestro sistema político y administrativo. Son actuales y enfocan cuestiones críticas de las políticas públicas; pero las RIG también tienen hondas raíces en el pasado y tendrán consecuencias importantes sobre cómo nos enfrentemos en el futuro a problemas como la educación, el ambiente, la salud, el transporte, la beneficencia y similares (Wright, 1997:67). Todo lo anterior apunta, a que más allá de redistribuir funciones o recursos, de lo que se tratan las RIG es de desarrollar redes intergubernamentales efectivas, a fin de minimizar los potenciales inconvenientes y dificultades presentes en los procesos de descentralización.
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Gobierno Local
En este sentido, se puede señalar que, un gobierno local es una municipalidad la cual se encarga de la administración local en un pueblo o una ciudad. Esta encabezada por un alcalde o presidente municipal y un concejo, todos elegidos por votación popular. La municipalidad cumple un papel muy importante ya que contribuye al desarrollo de las comunidades, ayuda a la solución de diferentes problemas, fortalece el sistema democrático ya que fomenta la participación de los vecinos del cantón en la toma de decisiones.
En referencia a lo antes expresado, la Ley Orgánica del Poder Público Municipal en su artículo 2 expresa:
El Municipio constituye la unidad política primaria de la organización nacional de la República, goza de personalidad jurídica y ejerce sus competencias de manera autónoma, conforme a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la ley. Sus actuaciones incorporarán la participación ciudadana de manera efectiva, suficiente y oportuna, en la definición y ejecución de la gestión pública y en el control y evaluación de sus resultados.
Así mismo en su artículo 3 señala que "la autonomía es la facultad que tiene el Municipio para elegir sus autoridades, gestionar las materias de su competencia, crear, recaudar e invertir sus ingresos, dictar el ordenamiento jurídico municipal, así como organizarse con la finalidad de impulsar el desarrollo social, cultural y económico sustentable de las comunidades locales, y los fines del Estado".
Instancias de la Toma de Decisiones Públicas en Venezuela
La gestión pública, como proceso, ejecuta decisiones, administra y distribuye recursos como respuesta a las demandas colectivas y se supone su ejercicio debe acompañarse de un compromiso y sensibilidad social. Sus elementos de acción, entre otros, implican, poder formular y aplicar políticas sociales coherentes con las realidades del contexto; definir objetivos a mediano y largo plazo para articularse con programas de amplio alcance y operar con diversos actores involucrados en el quehacer público.
Entre estos actores se incluye al ciudadano común, que debe involucrarse
enérgicamente en las actividades públicas, pero siempre y cuando sea reconocido con la plenitud de sus derechos y deberes, al incluirse en la definición y resolución de los problemas que son de su interés, individual y comunitario.
Lógicamente el modelo actual de administración pública no coincide con las características de esa gerencia pública antes descrita: social, coherente, articulada e incluyente; por el contrario percibimos divergencias que son las que pretendemos evidenciar en las páginas siguientes. En la gestión pública venezolana se han aplicado criterios de racionalidad económica, a manera de profundizar el papel del Estado en el proceso de acumulación, por lo cual sus decisiones han sido orientadas con criterios de productividad y crecimiento económico. Tales criterios han sido asimilados de los conceptos de la gerencia empresarial, donde la gestión en su ejecución y resultados es evaluada cuantitativamente según ciertos parámetros e indicadores tales como eficiencia, efectividad y otros.
Desde el punto de vista institucional, para alcanzar los objetivos de la racionalidad económica, la administración pública se ha caracterizado por tener como parámetros: un modelo burocrático de su organización, un funcionariado técnico especializado, una estructura jerarquizada y autoritaria, una estricta delimitación de deberes, derechos y responsabilidades y un proceso de toma de decisiones centralizado.
De allí se deriva la caracterización del recurso humano que interviene en la administración pública: un cuerpo técnico, profesional, especializado, experto, definido como tecnócrata con poder en la toma de decisiones, formado para y por la racionalidad económica y productiva.
De una u otra forma los criterios con los cuales se ejerce la administración pública determinan positiva o negativamente las posibilidades de participación de los ciudadanos en su gestión. Hablamos de participación en la medida en que los ciudadanos tengan capacidad de decidir, controlar, ejecutar y evaluar los procesos de la gestión, de lo contrario serian ciudadanos pasivos, simples receptores de las decisiones y políticas diseñadas por otros; sobre todo cuando se considera que para lo público su piso de justificación son las decisiones sociales, y por ende, más que considerar la relación costo-beneficio debe prevalecer el criterio de una amplia cobertura con el propósito de satisfacer las exigencias del mayor número de ciudadanos posible, es decir la eficacia más el servicio social.
Todo lo señalado anteriormente, entraña también tomar en cuenta que en la actividad empresarial se suministran bienes y servicios de cualquier orden, pero para la actividad pública son los bienes o servicios públicos tales como: agua, electricidad, seguridad y otros, cuyas características de no excluyente ni de exclusividad ni discrecionalidad, para proporcionarlo requieren de un tratamiento estratégico, el cual no puede estar basado únicamente en criterios de productividad.
Consideraciones del Estado
El Estado expresa en sí la organización e instrumentación de una unidad
reguladora de las relaciones de los individuos dentro de un espacio determinado. Dentro de este espacio los individuos no sólo comparten una cultura, historia y tradiciones, sino también, su caracterización política, es decir; cómo se ha utilizado el poder, quiénes y para quiénes lo han ejercido, y cuáles han sido sus alcances y consecuencias para gobernados y gobernantes.
Dicho Estado se ha organizado en la cultura occidental estrechamente vinculado al desarrollo capitalista en sus funciones de legitimación y acumulación de capital. La primera se refiere a las relaciones de poder en su dimensión estrictamente política y la segunda, se identifica con su carácter operativo, ejecutorio, expresado a través de la administración o gestión pública que administra y asigna recursos. De acuerdo con Gamboa y Suárez (1997:63),
es necesario considerar que con la instauración del modo de producción capitalista se produce la separación –al menos aparente– del poder político y del poder económico. El primero queda en manos del gobierno, que comienza a figurar como representante de los intereses comunes, aunque continué siendo defensor de los intereses de la clase económicamente dominante.
Esta ha sido una constante a pesar de las diferentes transformaciones del Estado y sus respectivas adecuaciones al entorno socio-económico. Caso concreto se puede apreciar con el Estado de Bienestar, con el cual se fortalecen los asuntos privados en el espacio público. Por consiguiente, asume como competencia estatal: la lucha de los derechos sociales, la regulación del trabajo y los derechos de menores; lo que Coriat (1982) define, como la entrada del Estado en una gestión enteramente nueva de las fuerzas de trabajo y de la acumulación de capital, asegurando para sí un nuevo terreno de legitimación y una doble función: gestión de los grandes equilibrios del proceso de acumulación, y de la relación de explotación en la producción en masa, de esa forma acopla la gestión de la fuerza de trabajo obrera a la acumulación de capital.
El Estado se concibe en su macro-espacio como órgano decisorio superior de la nación con capacidad de imposición de sus decisiones a la sociedad, ahora si en esa toma de decisiones satisface o desatiende demandas y necesidades del colectivo (como en efecto desatiende por la valoración de intereses dominantes) puede favorecer o afectar su legitimidad y representatividad. De cualquier forma ambas condiciones repercuten en el espectro de las relaciones Estado-Sociedad, relaciones que reflejan las consecuencias de las acciones del Estado dentro de su contexto social.
El Estado debería actuar para el beneficio del interés de la ciudadanía cuando se auto-define representante del colectivo, pero ocurre que los verdaderos intereses del Estado (los cuales privilegian a las clases dominantes) pueden entrar en conflicto con los intereses sociales. Producto de esta realidad de adecuación de los fines del Estado con las necesidades sociales, se produce un desgaste en su funcionamiento, arrojando como resultado un profundo descontento de la sociedad en cuanto a su gestión, por lo cual se habla de una crisis del Estado.
Gestión pública
El Estado se expresa a través de la administración pública, como ya se ha mencionado, y las capacidades de la gestión se orientan según los objetivos definidos por la acción política, involucrando las decisiones respectivas; es decir, los objetivos definen la acción de la gestión pública desde el uso, cantidad y destino de los recursos hasta la intervención de diversos actores tanto públicos como privados.
A través de ella la dimensión política o sustantiva del Estado se explicita y desenvuelve en el funcionamiento cotidiano de las agencias públicas (gobierno central, tribunales, etc.) y en sus múltiples relaciones con la sociedad. La relación entre la gestión pública, la estructura socioeconómica y las orientaciones políticas del Estado siempre es estrecha(Vilas, 2001:177-178). En consecuencia, la administración pública es la expresión organizada del Estado y en ella se ha manifestado la estructura burocrática a la que le ha correspondido funciones de aparato represivo, de control social y político (Kaplan, 1997), con lo que termina siendo un ejecutor de los intereses de la elite del poder capitalista.
Desde la misma instauración de la gran industria y sus formas capitalistas la asociación entre el Estado y la Empresa ha sido muy permeable, hasta el punto de que muchos aspectos para ser transformados en la administración pública se han intentado adaptar desde los conceptos de la gerencia empresarial, esquemas que han sido concebidos para resolver los problemas de producción del sector privado, y que al ser aplicados al sector público resultan una inconsistencia teórica y epistemológica (Córdova, 2000). Esto se evidencia cuando el sector público asimila los conceptos aplicados en la empresa con los mismos criterios racionales, obviando que: 1) los objetivos tienen alcances diferentes, 2) la cobertura de sus pretensiones en el caso de la gestión pública implica asumir costos muy altos pero justos y equitativos, 3) y la rendición de cuentas del sector gubernamental es de carácter público, entro otros aspectos.
En ese orden de ideas, Vilas (2001) señala que la política fiscal de un Estado más barato coloca el énfasis en enfoques instrumentales que reducen los problemas del Estado a cuestiones operativas, es decir minimiza la trascendencia de las prioridades sociales al ser consideradas como asuntos operativos o procedimientos. Se sacrifica el interés social, porque lo técnico es abordado por expertos y no por los propios interesados.
La frontera entre las decisiones técnicas y decisiones políticas es absoluta, pero la presentación de las cuestiones políticas como si se tratara de asuntos técnicos usualmente restringe la discusión sobre la política y sus objetivos a ámbitos reducidos...mientras que la explicitación de las dimensiones políticas abre el debate al conjunto de la ciudadanía interesada o afectada por las decisiones que vayan a ser adoptadas (Vilas, 2001:175).
Bibliografía
Hernandez A. [2006]. Relaciones Intergubernamentales. Espacio Público, Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal. Disponible: https://www.redalyc.org/pdf/676/67601804.pdf
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